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En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción impuesta en contra de Carlos Enrique Martínez Gallego, en su condición de concejal del municipio de Chía, Cundinamarca, para la época de los hechos, consistente en destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de la función pública por 20 años, por haber influido en miembros de la Policía Nacional en beneficio propio.
Para el Ministerio Público quedó comprobado que el entonces concejal influyó en miembros activos de la Policía prevaliéndose de su investidura para evadir un control policial el cual estaba destinado a evitar que siguiera conduciendo de manera peligrosa.
El Concejal omitió las voces de alto para evitar la huida e ingresó de manera abrupta e irregular a la escuela de formación de oficiales del Ejército Nacional José María Córdova.
De igual forma, el entonces concejal de Chía abalanzó su vehículo contra tres intendentes de la Policía, causándoles graves heridas para evitar el pare que le hizo la autoridad y de esta forma emprender su huida por las calles de la capital.
En el proceso disciplinario se demostró que las actuaciones de Martínez Gallego estuvieron dirigidas a evadir el control policial basado únicamente en los supuestos riesgos que tenía por ser concejal, impidiendo que los agentes ejercieran en debida forma su función y los condujo por las calles de la ciudad realizando múltiples maniobras peligrosas que pusieron en riesgo su vida y la de otros ciudadanos.
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