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Frente a la demanda presentada por el exfiscal Eduardo Montealegre en contra de la expresión “acuerdo” y por el cual se le dio via libre a la instalación de una mesa de diálogo que se adelanta en La Habana, el procurador Alejandro Ordoñez le solicitó a la Corte Constitucional que se declare inhibida frente a dicha acción interpuesta por el exjefe del ente acusador.
En la solicitud hecha por Ordóñez, se le pidió al alto tribunal que se limite solo a estudiar la expedición de la resolución, mas no el blindaje jurídico de los acuerdos ya que sobre este aspecto la competencia es del Consejo de Estado por tratarse de un ato administrativo.
“Los acuerdos dentro de un proceso de paz no son eminentemente actos políticos y para tener efectos jurídicos dependen de un procedimiento ulterior", señaló Ordóñez.
El jefe del Ministerio Público le manifestó a la Corte que, si llegase a pronunciarse de fondo en la demanda interpuesta por el exfiscal, debería limitarse a estudiar si dicho procedimiento se ajusta a la constitución.
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