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Ordóñez dijo que los alcaldes no pueden manipular a contratistas por un voto, puesto que eso constituiría una extorsión.
Tras el anuncio del acuerdo final al que llegó el Gobierno con las Farc, el procurador Alejandro Ordóñez indicó que será garante de los derechos de los colombianos el 2 de octubre, día en que se llevará a cabo el plebiscito.
Recordó a los funcionarios públicos que si bien pueden promocionar este mecanismo de refrendación lo que les queda totalmente prohibido es afectar las partidas presupuestales para financiar el 'sí' o el 'no'.
"Los funcionarios públicos pueden promocionar el plebiscito, lo que no pueden hacer los funcionarios es presionar a los contratistas, eso sería extorsionarlos", afirmó el procurador.
El jefe del ministerio público exhortó a los alcaldes y gobernadores del país a que no incurran en presiones con los contratistas, induciéndolos a seguir su misma línea de voto.
"Los alcaldes no pueden condicionar a los contratistas en un sentido o en otro. No pueden los funcionarios presionar a los ciudadanos a adherirse a una u otra posición. No pueden declarar insubsistente a alguien por no seguir sus ideales", añadió Ordóñez.
También indicó que le corresponde a la Procuraduría vigilar dichas garantías, ya que la sentencia de la Corte Constitucional señala que serán los organismos de control quienes garanticen los derechos de los votantes. En ese sentido el procurador hizo un llamado a los colombianos para que lean a conciencia los acuerdos y no se dejen llevar por meras publicidades.
"Si el Gobierno parte de decir 'votamos en este sentido esto es 'sí' o esto es 'no' a la paz', está de manera engañosa haciendo publicidad", puntualizó.
