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El procurador Fernando Carrillo crítico el proyecto de reforma constitucional impulsado por el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, que busca tumbar las sentencias emitidas por la Corte Constitucional por medio de referendo.
Carrillo sostuvo que "sería un atentado contra la democracia y la institución que ha sido el bastión de los derechos fundamentales”.
Sin embargo, desde el Congreso de la República consideran que el proyecto de reforma habría nacido muerto, debido a que no cuenta con el apoyo del jefe del Centro Democrático, el senador Álvaro Uribe.
El representante a la Cámara, Edward Rodríguez, también cuestionó el proyecto a través de su cuenta de twitter: “no olvidemos que la Corte es la guardiana de la Constitución, por eso no acompañaré y rechazaré iniciativas que pretendan cercenar sus competencias”.
El Procurador General, dijo que "en medio del escenario en el que se busca debilitar a la Corte Constitucional”, el país debe conocer capítulos de la historia que confirman que "si hubo involucramiento a nivel disciplinario de servidores públicos, por violaciones a los desechos humanos en medio del conflicto armado".
Las declaraciones de Carrillo se dieron en medio de la entrega del informe a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) sobre investigaciones a miembros de la Fuerza Pública con ocasión del conflicto armado.
Carrillo dijo que existen procesos contra “728 personas pertenecientes al Ejército y Policía, también hay personas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuatro de una alcaldía municipal, nueve del Congreso de la República, dos de ministerios, cinco de gobernaciones, y cuatro más adscritas a registradurías, inspecciones, personerías y a la presidencia”.
Para Carrillo existe una “máquina generadora de víctimas que quiere parar el proceso de paz”, por eso señaló que el mensaje para los funcionarios públicos es que los hechos de violencia que atentan contra las víctimas no deben repetirse.
En ese informe, la Procuraduría ahondó sobre los patrones de conducta de miembros de la Fuerza Pública que se presentaron en medio del conflicto, como “el abuso de autoridad, el apoyo, impulso o connivencia con grupos paramilitares, y la estigmatización de personas en el proceso de búsqueda y persecución de grupos guerrilleros”.
Según la entidad, la mayoría las víctimas eran personas integrantes de partidos políticos y campesinos que en su mayoría fueron afectados por amenazas y torturas, también hay procesos por homicidio, la masacre y la desaparición forzada.
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