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La Corte Constitucional señaló que se afectarían derechos fundamentales de los colombianos si el Gobierno nacional no crea una estrategia para atender y subsidiar a parejas de bajos recursos que quieran acceder a una inseminación artificial para formar familia.
Para la corte, el no tener la posibilidad de acceder a estos servicios de fertilización, se constituiría en una afectación directa a los derechos fundamentales como lo es la salud reproductiva.
Reza la sentencia que "la falta de un tratamiento que puede mejorar la salud reproductiva una pareja, lesiona claramente sus derechos constitucionales (…) los pacientes tienen derecho al beneficio de las tecnología y avances de la ciencia para paliar y mejorar su estado de salud en las facetas que se encuentren afectadas".
El caso se dio a raíz de una demanda interpuesta por una mujer de bajos recursos que tras el deseo de tener un hijo, no logró culminar en varias ocasiones su proceso de gestación, razón por la cual entró en un delicado estado psicológico y físico. Por lo anterior le solicito a su EPS a través de varios recursos que le fuera practicado un procedimiento de inseminación artificial, recibiendo una negativa por parte de la promotora de salud.
Producto de lo anterior el caso llegó a la Corte Constitucional quien a través de un fallo le ordenó al Gobierno a través del Ministerio de Salud que protegiera los derechos de la mujer y le brindara los beneficios, cubriera los costos de su tratamiento. Además se le ordenó al Gobierno que realice una revisión de los casos relacionados de personas que por tener bajos recursos no pueden acceder a estos procedimientos cando sufren de problemas de infertilidad.
