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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió, por competencia, a la Fiscalía General el proceso por presuntos vínculos con grupos paramilitares que adelantaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Se trata de la investigación que avanza por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado, en relación con las masacres de El Aro, La Granja, San Roque y el homicidio del defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle Jaramillo en Antioquia en los años noventa.
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La Sala concluyó que no podía mantener la competencia para seguir adelantando la investigación debido a que Uribe renunció a su fuero.
Así las cosas, se suspendió la diligencia de versión libre que estaba programada para el 16 de septiembre, el mismo día que la defensa de Uribe le pedirá a un juez de garantías que le otorgue su libertad en medio del proceso por presunta manipulación de testigos.
“Esta determinación se adoptó por unanimidad en razón a que la Sala Especial de Instrucción no encontró reunidos los requisitos señalados en el parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política para continuar conociendo de este asunto, de ahí que, por competencia, lo remita al Fiscal General de la Nación”, advirtió la Corte a través de un comunicado.
Uribe es investigado por la presunta conformación, promoción o financiación de grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.
La Corte señala que al parecer se “utilizó como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque (Antioquia), de propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época; y que, al parecer, cometió ataques contra la población civil del municipio de San Roque, entre ellas, las masacres ocurridas el 13 de julio y el 17 de septiembre de 1996”.
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También se investiga su posible intervención como Gobernador de Antioquia, "en las masacres de la Granja, ocurrida en el corregimiento del mismo nombre, el 11 de junio de 1996; b) Masacre de El Aro, en el corregimiento que lleva ese nombre, entre los días 22 y 31 de octubre de 1997”.
Igualmente se investigan “otros crímenes como el secuestro de diecisiete personas, el incendio de la mayoría de las viviendas, el hurto de ganado y el desplazamiento forzado de un número importante de residentes de Ituango”.
En el 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró estos hechos como un delito de lesa humanidad, lo que evita que prescriban.
En ese expediente reposa un escrito de Luis Fernando Caro Solano, un exparamilitar clave en el proceso que condenó a la empresaria del chance Enlise López, alias ‘La Gata’, y las denuncias del entonces capitán Gilberto Cárdenas González, quien pidió investigar aparentes nexos con grupos de autodefensas con miembros del Gobierno de la época.
