La FM en Google News
El Congreso de la República le dio vía libre a la cadena perpetua para violadores de niños, la cual se convertirá en norma constitucional, una vez sea promulgada en el Diario Oficial.
Sin embargo, la aprobación de esta iniciativa ha generado todo tipo de reacciones entre los sectores políticos y jurídicos del país. Algunos han anunciado que presentarán demandas contra este acto legislativo, advirtiendo que es totalmente inconstitucional.
Lea también: Violadores y asesinos como Uribe Noguera y Garavito se salvarán de pagar cadena perpetua
Congresistas como el senador Rodrigo Lara, consideran que el proyecto no aguantará la revisión de la Corte Constitucional.
“Esto se va a caer y nosotros en vez de hacer esto, deberíamos estar dedicados a resolver los problemas económicos de 7 millones de colombianos que están desempleados, a las miles de empresas que se están quebrando. Ese es el llamado y la voz del pueblo”, indicó.
Agregó que “esta es una norma ineficiente e inconveniente. Es una pena que decreta la cadena perpetua para el que abuse del menor, pero le instala una pena de 60 años para quien asesine, esto es un incentivo a que mueran y maten más menores, le sale más barato a ese criminal asesinar al menor”.
El senador Iván Cepeda también considera que la Corte Constitucional debería tumbar este acto legislativo que según él, va en contravía de los principios y derechos establecidos en la carta política.
Consulte aquí: Niños de 14 años condenados a cadena perpetua: el detallito en proyecto que divide opiniones
“Estoy seguro que cuando hagamos un balance del efecto de esta decisión, si es que la Corte Constitucional no la declara, como yo creo debe declarar inconstitucional esta reforma, veremos que no ha tenido ningún efecto real sobre esa aterradora realidad que es que en Colombia ocurran todos los días entre 50 y 60 hechos de violencia sexual contra mujeres, niños y adolescentes”, sostuvo.
El proyecto de prisión perpetua establece la posibilidad de que la sentencia sea revisada a los 25 años, para evaluar los criterios de resocialización del criminal.
