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La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía anunció imputaciones en contra de varios funcionarios, contratistas y exfuncionarios de 93 municipios en diez departamentos del país por su actuación en actividades de uso irregular del suelo, relacionado con los Planes de Ordenamiento Territorial, POT.
La atención de los investigadores se centra en departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Huila, Tolima, Santander, Meta, Magdalena, Quindío y Valle del Cauca, donde se hallaron diferentes anomalías.
En el caso de Cáceres, Antioquia, se autorizó al exalcalde para el periodo 2012 - 2015, Ubaldo Enrique Pacheco, a gestionar un préstamo por 1.600 millones de pesos para adquirir lotes para la construcción de vivienda de interés social.
Sin embargo, una vez consiguió el crédito, la administración habría comprado los predios por un costo superior con un detrimento patrimonial cercano a los 845 millones de pesos y el dinero habría quedado en manos del exmandatario local y el perito contratado.
En este caso se investigan delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Cauca
Con respecto al POT en Popayán se investiga la presunta construcción ilegal en las laderas del humedal Villa Olímpica, protegido con medidas cautelares ordenadas por el Consejo de Estado, en donde se habría desarrollado un proyecto urbanístico.
Por estos hechos, se le imputarán cargos por fraude a resolución judicial a Norvey Martin Muñoz Orozco, propietario del inmueble construido en las inmediaciones del humedal.
Cundinamarca
La Fiscalía detectó sobre el POT de Cajicá, licencias de construcción que habrían sido expedidas en la vereda Chuntame en ese municipio, sin tener en cuenta restricciones incluidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cajicá - 2015.
Para la Fiscalía, el exsecretario de planeación del municipio, Leonardo Higuera Espinosa y la arquitecta Adriana Constanza Ronderos, deberán responder por el delito de prevaricato por acción.
También en Cundinamarca, pero esta vez en el municipio de Apulo, los fiscales tienen pruebas sobre supuestas irregularidades en la concesión de una licencia de urbanismo para la construcción de un centro vacacional y condominio de casas campestres.
De acuerdo con las investigaciones, en este episodio el aval fue entregado por el secretario municipal de Desarrollo Sostenible, Joan Manuel Guevara Uriza, en contrariedad al Plan de Ordenamiento Territorial de 2006, en complicidad con José Álvaro Rozo Castellanos, representante legal de la Comercializadora Agropecuaria Guzerat S.A.
La Fiscalía advirtió que continuará con las indagaciones con el fin de adoptar prontas decisiones frente a otros posibles implicados en estos hechos de corrupción.
