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Tras cumplirse los términos estipulados por la ley, el Tribunal Superior de Barranquilla decidió precluir el proceso del caso de los autopréstamos, por más de mil millones de pesos, que supuestamente había hecho la exrectora Silvia Gette Ponce, cuando estaba en la Dirección de la Universidad Autónoma del Caribe.
La abogada de Silvia Gette, explicó que habían solicitado la preclusión ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla porque ya había prescrito.
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"Se había solicitado, por parte de la defensa, la preclusión con el fin de dar por terminado el proceso dado que ya había operado la prescripción. Por lo que existía la imposibilidad de iniciar y continuar el ejercicio de la acción penal, debido a que la justicia había vencido o sobrepasado el término para la judicialización de la señora Silvia Beatriz Gette Ponce", manifestó la abogada.
En octubre del año pasado, la defensa hizo la solicitud pero fue apelada por el Juzgado Décimo Penal del circuito con función de conocimiento de Barranquilla.
"Frente al Juzgado Décimo se hizo la solicitud la cual fue negada, la decisión fue apelada y puesta en conocimiento de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, la cual procedió a revocar el auto del 14 de octubre de 2020, proferido por este juzgado y en consecuencia se declaró prescrita la acción penal a favor de la señora Silvia Beatriz Gette, quien fue procesada por la presunta comisión del delito de abuso de confianza calificado en concurso homógeneo con circunstancia de mayor punibilidad", aseguró Bohórquez.
Esta decisión tomada por el Tribunal de Barranquilla se da luego de que habían transcurrido los siete años que tiene la justicia para darle resolución al proceso.
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"La decisión quedó notificada a las partes. El Tribunal de forma definitiva revocó la decisión del juzgado por la prescripción de la acción penal, ya que habían transcurrido el término de los siete años para dicha decisión del proceso", puntualizó.
El juzgado que llevaba el caso había negado la solicitud debido a que tenían que adicionar una agravación porque, según su criterio, era servidora pública.
"La juez pretendía adicionar una circunstancia de agravación porque Silvia Gette era servidora pública. Esto fue un objeto de debate porque la Universidad Autónoma del Caribe es una institución privada y todos sus directivos no son servidores públicos. Por eso se extendió el proceso y no se llegó a una decisión final", dijo la abogada defensora.
Añadió que "habrá una sanción en contra del Estado por no cumplir en el término establecido en la ley para la judicialización".
Gette continúa con la detención domiciliaria por los otros procesos que se le adelantan en su contra.
