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Desde 2016 familiares del fallecido exsenador Gabriel Acosta Bendeck están enfrentados enun pleito por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, que ha afectado a la Rama Judicial por el presunto soborno que el senador Eduardo Pulgar le ofreció a un juez y por las investigaciones que cursan contra dos magistrados por supuestos actos de corrupción en este caso: Demóstenes Camargo y Jorge Mola Capera.
Las acusaciones de falsificación de actas, sobornos y actos fraudulentos enfrentan, en un bando, a Ivone Acosta, la única hija que tuvo Acosta Bendeck con su esposa Sofía Acero; y en la otra facción, representada por el excónsul honorario de Polonia en Colombia Luis Fernando Acosta Osio, están unos primos y un medio hermano de Ivone.
Debido a la importancia de este caso y a todas las denuncias por falta de garantías contra los mismos operadores de justicia, el fiscal General Francisco Barbosa determinó el pasado 8 de abril el traslado del expediente que reposaba en la Seccional de Barranquilla a las oficinas de un delegado de Bogotá.
La señora Ivonne Acosta Acero "argumentó, entre otros aspectos, presuntos hechos de corrupción atentatorios de las garantías procesales y de los derechos que como víctima le asisten, los que calificó como causas externas a la investigación con capacidad de perturbar la objetividad de la servidora que la adelanta, con vocación de persistir mientras la actuación se encuentre en la ciudad de Barranquilla. Por ello, requirió al jefe del ente acusador para que procediera a remitir el caso a la ciudad de Bogotá a un fiscal del más alto nivel", advierte la resolución de la Fiscalía.
Barbosa conceptuó que es "deber del ente acusador garantizar los derechos constitucionales de las víctimas y demás sujetos procesales, así como la autonomía, imparcialidad e independencia de los operadores jurídicos, y con el fin de asegurar la lealtad procesal 19 la recta y cumplida administración de justicia y el debido proceso, se dispondrá, bajo criterios de precaución, variar la asignación del caso 080016001257201701150".
Así las cosas el caso se asignará por reparto a un fiscal de Bogotá y no se sabe si quedarían sin efecto las actuaciones del fiscal 58 de la Unidad de Delitos contra la fe Pública que lo llevó en Barranquilla.
