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La Procuraduría General suspendió por tres meses de sus cargos a ocho funcionarios de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá tras los hechos que rodearon la fuga de la excongresista Aida Merlano.
Diana Cecilia Muñoz Miguez, directora de la centro de reclusión; Katherine Lozano Forero, subdirectora; David Alexander Álvarez Cárdenas, comandante de custodia y vigilancia fueron suspendidas mientras se adelanta la investigación.
También cobija a Julián Segundo Pérez, inspector jefe; y los dragoneantes Yudit Natalia Espinoza Gil, Juan Carlos Becerra Cruz, Diana Montoya Ramos y Luis Alejandro Ballesteros Rincón.
La decisión se toma como una medida cautelar en medio de la investigación preliminar que el órgano de control disciplinario abrió para establecer responsabilidades por los hechos que rodearon la fuga de Merlano tras una cita odontológica en la Centro Médico de La Sabana en el norte de Bogotá.
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Uno de los objetivos de la investigación es determinar las razones por las cuales se habría cambiado el nivel de seguridad de Merlano, lo que llevó a que en sus traslados estuvieran a cargos de solo una deagoneante y un conductor del Inpec, lo que habría la facilitado la fuga.
“La Procuraduría busca establecer las razones que habrían llevado a cambiar el nivel de seguridad de Merlano Rebolledo de 1 a 2, lo que implicó que su desplazamiento al Centro Médico de la Sabana, donde estaba previsto que cumpliera la tercera cita de un proceso de rehabilitación oral, no estuviera acompañado de fuerza pública y un grupo operativo, como venía ocurriendo hasta el mes de mayo”, señaló el organismo en un comunicado
La Procuraduría también investiga la orden del inspector jefe de El Buen Pastor para cambiar al conductor y la dragoneante que acompañaban a la excongresista desde su salida del Buen Pastor.
La Procuraduría informó que adelantará una inspección en la dirección del Inpec y solicitará las primeras declaraciones en este proceso, entre ellas las del médico ortodoncista que realizaba el tratamiento de diseño de sonrisa y las personas que estaban en el consultorio.
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Merlano fue condenada a 15 años de prisión por su responsabilidad en la compra de votos para las elecciones que se iban a celebrar en marzo de 2017.
En el fallo se indica que la entonces representante a la Cámara se concertó con otros implicados en la red de corrupción para la consecución de votos a favor de su campaña el año pasado.
De esa misma condena se desprendió una compulsa de copias a la Fiscalía para que abra investigación contra el empresario Julio Gerlein por presuntos delitos relacionados a compra de votos.
