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La Corte Constitucional ordenó al Ejército Nacional reintegrar a sus filas a un soldado profesional, a quien se le dictaminó una incapacidad permanente del 26 % tras habérsele realizado una cirugía después sufrir un severo golpe en medio de un combate.
Luego del accidente el soldado fue operado en la Unidad Médica Militar ubicada en Poyayán. No obstante, la cirugía no se le realizó en el testículo que resultó afectado sino en el derecho, que se encontraba en buenas condiciones.
Tras el error médico, el soldado consultó galenos particulares con recursos propios y después de junta médica se determinó que padecía de hidrocele y varicocele en sus testículos, lo cual le provocó esterilidad.
Dicha junta médica declaró una incapacidad laboral permanente “parcial” del 26 % con recomendación de no hacer reubicación laboral.
Tanto al Tribunal Médico de Revisión Militar, como a la Junta Médica Particular que dio su segundo concepto, le fueron interpuestas acciones de tutela por parte de soldado. La primera por realizar un procedimiento equivocado y desvincularlo de la institución, y la segunda por declararlo impedido laboralmente con tan solo un 26 % de incapacidad laboral parcial.
En ese sentido, la Corte Constitucional ordenó hacer valer los derechos del mínimo vital de trabajo y la igualdad laboral que le fueron arrebatados por las dos instituciones médicas.
Igualmente, ordenó al Ejército que dentro de los siguientes cinco días de la notificación de la sentencia el soldado sea valorado con el fin de determinar qué funciones puede desempeñar dentro de la institución. Igualmente, ordenó a la institución reintegrarlo en labores que sean acordes a su situación.
