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A pesar de que inicialmente una citadora de un juzgado había denunciado acoso laboral por parte de su jefe, el juez Marín Arredondo, quien por dicho motivo fue destituido e inhabilitado por un término de 10 años, el Consejo Superior de la Judicatura decidió revocar esta decisión y absolver al togado de la sanción, al corroborar que la citadora sí había incurrido en graves faltas como cerrar a destiempo el juzgado y revisar la deficiente ortografía con la que redactaba los autos.
La mujer, quien logró inciálmente que destituyeran a su jefe, argumentó en su denuncia de acoso laboral que el juez no le podía hacer pruebas de evaluación ortográfica porque la ley no consagra que se deba calificar a los funcionarios en provisionalidad.
Sin embargo, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al revocar la decisión de primera instancia y absolver al juez, estableció que en este caso no se configuró acoso laboral, “lo que se evidencia es que el inculpado en ejercicio de sus facultades tomó las medidas que consideró necesarias para poder realizar un buen trabajo y prestar un buen servicio”.
“Si bien en un principio realizó a la quejosa una prueba de desempeño que no era necesaria porque se trataba de una empleada en provisionalidad, no es por esa calificación que fue motivado el acto administrativo de insubsistencia, sino como la misma quejosa lo indica, fue producto de las llamadas de atención, memorandos con copia a la hoja de vida por cerrar el juzgado antes de tiempo, evidencias fotográficas de su trabajo (manejo del archivo) y la evaluación ortográfica y gramatical la que llevó al Juez a declararla insubsistente”, concluyó el Consejo Superior de la Judicatura.
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