Por caso de Popeye, Fuerza Pública toma primeras acciones

El general Carlos Ernesto Rodríguez, comandante de la Región 6 de la Policía, que comprende a Antioquia y Chocó, aseguró que aunque hasta el momento no hay evidencia de nexos ilegales de Jhon Jairo Velásquez, conocido como Popeye, con grupos ilegales, buscan determinar junto a la Fiscalía su participación en reuniones clandestinas.

"Toda la información que se está manejando es de carácter reservado y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación con el fin de, si hay motivo, seguir con la judicialización de esta persona y de aquellos que se dedican a temas de microtráfico, narcotráfico y grupos armados que se dedican a la extorsión en la región".

De igual forma, el general Rodríguez recalcó que "no hay pleno conocimiento de actividades ilícitas lideradas por Popeye pero que si se comprueban hechos en flagrancia, será capturado".

Popeye quedó en el ojo del huracán luego de que fuera sorprendido en una fiesta de alias Tom o Carlos Chata, quién fue capturado por las autoridades en una finca del municipio El Peñol, oriente de Antioquia, cuando celebrará su cumpleaños.

Vea también: las otras rumbas de Popeye (clic aquí).

Luego de que Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, fuera encontrado en la fiesta en la que fue capturado Juan Carlos Mesa, alias Tom, la Fiscalía decidió radicar una revocatoria de libertad contra Popeye, a la vez que asegura tener pruebas de inteligencia de que este sujeto, quien fuera jefe de sicarios de Pablo Escobar, siguió delinquiendo.

La directora de la Unidad Especializada contra el crimen organizado, Claudia Carrasquilla, indicó que los investigadores también tienen conocimiento de varios encuentros sostenidos por alias Popeye con representes de organizaciones dedicadas al tráfico de droga.

Por lo anterior, considera la entidad, ha incumplido el acta de libertad condicional a la que se sometió hace dos años.

La Fiscalía agrega que las reuniones no solo se dieron en Medellín sino también en otras zonas del país, razón por la que el contexto le permite tener “injerencia razonable” de que esta persona ha estado delinquiendo.