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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó el traslado del exsenador Plinio Olano Becerra a la cárcel La Picota de Bogotá mientras se resuelve su situación jurídica dentro del proceso que se le adelanta por presuntamente recibir millonarios sobornos de Odebrecht.
El actual presidente de la Federación Nacional de Departamentos es investigado por presuntamente haber movido sus influencias cuando hacía parte de la Comisión Sexta del Senado de la República para beneficiar los intereses de la multinacional.
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En dicha comisión, que tiene que tratar los temas de infraestructura, se avaló la entrega de la obra Ocaña-Gamarra bajo la figura del otrosí al contrato de la Ruta del Sol II. Es decir, dicho convenio se le entregó de manera directa a Odebrecht sin convocar licitación pública.
Olano Becerra ha sido señalado por varios implicados en este escándalo de corrupción, entre ellos el exsenador Otto Nicolás Bula Bula y el empresario Federico Gaviria. Los dos coincidieron en afirmar la participación del exsenador en la entrega de sobornos.
(Lea: Plinio Olano niega haberse lucrado de Odebrecht)
"La Fiscalía detectó la contratación irregular de servicios por parte de un grupo de congresistas mediante comisiones de éxito, gracias a sus compañeros presionarán decisiones gubernamentales a favor de Odebrecht", señaló el ente investigador en la imputación de cargos contra Federico Gaviria
En esa audiencia se mencionaron además a los congresistas Bernardo 'Ñoño' Elías -quien actualmente está privado de su libertad por estos hechos-, Musa Besaile -procesado por el 'cartel de la toga'- Antonio Guerra de la Espriella, entre muchos otros.
De acuerdo con las investigadores, gracias a la gestión de estos congresistas la Concesionaria Ruta del Sol, de la que hacía parte Odebrecht, logró la aprobación del contrato de estabilidad jurídica antes del 31 de diciembre de 2012.
Su papel también se habría extendido para que se otorgara de manera directa el otrosí para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra en Norte de Santander.
Para esto, el denominado grupo de los 'Buldozer' habrían movido sus influencias para que dicho contrato se realizará sin ningún tipo de licitación pública por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
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