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La Fiscalía General de la Nación reveló que adelanta una investigación contra la congresista electa por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, por la presunta comisión del delito de captación masiva y habitual de dinero.
Así se desprende de un oficio de ocho páginas en el que la Fiscalía le responde a la senadora electa una serie de interrogantes en torno a las investigaciones, procesos o requerimientos judiciales que pesan en su contra.
La investigación que adelanta un fiscal de la dirección Seccional de Bogotá se originó luego de una compulsa de copias ordenada por la magistrada Cristina Lombana Velásquez de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tras una denuncia que fue presentada el 7 de diciembre de 2021 en la capital del país.
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La Fiscalía señaló que esta compulsa de copias "no se limita a una narración de los hechos con carácter informativo, carente de fundamento de la imputación y sin valor probatorio. Contrario a ello y como ocurre en el presente caso, integra un conjunto de información sometida a verificación que analizada de manera integral, podrá entrar a constituir los medios cognoscitivos necesarios para la adopción de decisiones en el marco de la indagación referenciada de la que ahora forma parte".
La Corte Suprema remitió a la Fiscalía informes de Policía Judicial del 1 de junio y el 13 de agosto de 2021, en los cuales solicitó indagar posibles delitos cometidos por Piedad Córdoba y varios miembros de su familia tras registrar en sus ingresos un monto superior a los 6.336 millones de pesos que están por justificar.
"A fin de que se investigue las posibles conductas punibles de las personas que a continuación se relacionan, que perteneciendo al núcleo familiar extendido de la exsenadora Piedad Esneda Córdoba Ruíz, reportan ingresos por justificar que sumados ascienden a 6.336 millones de pesos", señaló el oficio de la Fiscalía.
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De otra parte, la Fiscalía reportó que adelanta el proceso de verificación del informe de 125 páginas que entregó la Comisión de Fiscalización del Ecuador, en el cual se hace referencia al entramado de corrupción que implica al empresario Alex Saab, considerado uno de los más grandes testaferros de Nicolás Maduro, con el propósito de "analizar si existen hechos de relevancia penal que puedan sustentar el eventual inicio de una indagación".
La Fiscalía agregó que "no se evidenció orden de captura con fines de extradición o solicitud de asistencia judicial elevada por otro país, en contra de la congresista electa".
