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El veedor calificó como preocupante que tras el inicio de las investigaciones, el ente acusador “no había podido sustentar la petición para que los jueces de control de garantías ordenaran las capturas” de las personas que mediante orden judicial han sido detenidas como presuntos responsables de los hechos registrados el pasado 27 de abril.
“Con preocupación veíamos que la petición hecha por la Fiscal Cuarta Seccional se había quedado sin sustento jurídico y por eso el Juez Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, no había ordenado la captura en ese momento. Estábamos muy preocupados como sociedad civil por ese tema”, expresó.
Benavides reforzó lo antes expuesto con una respuesta que entregó a la Veeduría, la Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales, Magdalena Otero. En el documento, la funcionaria judicial manifestó que la solicitud de captura fue negada debido a que “no había suficiente material probatoria” para expedir las ordenes contra los presuntos sindicados a quienes se les imputarían los delitos de “homicidio culposo, estafa de menor cuantía, falsedad en documento público y urbanización ilegal”.
“Ella nos dice que no habían suficientes elementos materiales probatorios que lograran el convencimiento mínimo de la existencia normativa para poder imputar las ordenes de captura. En pocas palabras, que la Fiscalía no sustentó, ni realizó una exposición detallada para lograr que en su momento, los jueces ordenaran la captura. Hoy esperamos, que de estas capturas se produzcan la imputación, pero bien fundamentadas y aparte de eso, se determine si existe merito para imponer la medida de aseguramiento”, afirmó.
El presidente de la Veeduría de la Rama Judicial de Cartagena invitó al ente acusador a reevaluar los cargos a imputar a los capturados, haciendo especial hincapié en el delito de homicidio culposo, que en su criterio debería ser “homicidio a título de dolo eventual”.
“Si nos quedamos con los cuatro delitos que inicialmente se vienen manejando por parte de la Fiscalía, vamos a encontrar que dos de ellos tienen una pena inferior a los cuatro años. Quedaríamos entonces con falsedad de documento público y con urbanización ilegal, pero considerando que no solamente son eso, desde ya estamos solicitando a la Fiscalía que mire el tema de hacer la imputación de otros delitos”.
Para el veedor, esos otros delitos que deben ser imputados, corresponde a Concusión y Cohecho, dirigidos a los servidores públicos vinculados en el proceso investigativo.
