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El fiscal 32 de la Dirección contra las Organizaciones Criminales Fabio Augusto Martínez Lugo no aceptó ser responsable de los cinco delitos formulados por la Fiscalía, que lo sindica de estar implicado con la nueva red de interceptaciones telefónicas ilegales.
El investigador acusó al fiscal Martínez Lugo como supuesto responsable de los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de comunicaciones, por lo que pidió que sea cobijado con medida de aseguramiento.
Indicó que los peritos también revisan en estos momentos un total de 317 abonados telefónicos para establecer cuáles de dichas líneas corresponderían a otras posibles víctimas.
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El Fiscal a cargo del proceso confirmó que entre las víctimas de estas 'chuzadas' telefónicas se encuentra el actual director general de Enel Colombia, y quien para la época de los hechos fungía como presidente para Latinoamérica del Grupo Enel - Condensa, el empresario español Lucio Rubio Díaz.
La investigación hace relación a hechos registrados en 2018, en el cual se advierte que el fiscal capturado justificó las interceptaciones con información privilegiada que correspondía a otros procesos penales -como el de un hurto menor a un taxista- e indujo al error a los jueces de control de garantías que avalaron esos procedimientos.
Asimismo, sostuvo que entre el 18 de diciembre de 2017 y el 16 de enero de 2018, el fiscal Martínez Lugo habría interceptado ilícitamente los abonados telefónicos pertenecientes a varios miembros de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) como el capitán Julián Pinzón.
Dentro de las víctimas también se estableció que entre el 25 de junio al 14 de agosto de 2018, además de Rubio Díaz, fueron interceptadas las comunicaciones de Felipe Jaramillo Londoño y Jorge Flores.
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“Jaramillo Londoño es abogado y fue apoderado de un señor de apellido Ocampo Arias, en un proceso en contra de la empresa de energía eléctrica de Bogotá”, dijo el fiscal del proceso.
Es de recordar que por estos mismos hechos, Luis Carlos Gómez Góngora, exfuncionario encargado de coordinar la sala de interceptaciones de la Fiscalía General, fue procesado y cobijado con medida de aseguramiento el pasado 17 de diciembre.
Incluso, en desarrollo de la reciente audiencia de acusación, Gómez Góngora aceptó cargos ante un juez por los delitos de falsedad ideológica en documento público en concurso con fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.
