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La Corte Constitucional tumbó un artículo de la ley que establece los requisitos para ser Defensor del Pueblo, en la que se establecen las prohibiciones que inhabilitarían a la persona para ocupar el cargo en el organismo de derechos humanos.
La demanda solicitaba tumbar el artículo de la norma en el que se establece que las personas que han sido acusadas penalmente no podrán aspirar al cargo, por lo que los accionantes afirmaban que la ley vulneraba derechos al acceso a desempeñar cargos públicos.
“Los actores señalan que ellas son incompatibles con lo previsto en el artículo 40.7 de la Constitución Política de 1991, en la medida en que introducen una limitación desproporcionada al derecho político fundamental a acceder al desempeño de cargos públicos”, dice el pronunciamiento.
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Luego de estudiar el caso completo, los magistrados determinaron que, como lo alegan los demandantes, la norma genera una limitación desproporcionada al derecho político a acceder a cargos públicos, por lo que los magistrados tumbaron ese artículo de la norma.
“La Sala concluyó que las normas demandadas introducen una limitación desproporcionada al derecho político fundamental a acceder al desempeño de cargos públicos y, en consecuencia, no son compatibles con la Constitución. Por ello, procedió a declarar su inexequibilidad”, concluye el documento.
Actualmente avanza el proceso para elegir al nuevo defensor, por lo que en los últimos días el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) dio a conocer la lista de aspirantes a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo, que se sumará a los nombres que considere el presidente Gustavo Petro y que debe presentar a la Cámara de Representantes.
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Los nombres más llamativos son los exministros de Justicia, Néstor Osuna y de Agricultura, Jhenifer Mojica que salieron en el último remezón del Gobierno Petro. El primero ha dicho públicamente que está interesado en el cargo que dejó hace poco Carlos Camargo.
