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La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, dejó en claro que si son capturados los ex jefes de las antigua guerrilla de las Farc que anunciaron que retoman las armas, pasarán a ser procesados por la justicia ordinaria.
Linares precisó que los delitos que se cometan después del primero de diciembre de 2016 no son competencia de la JEP y agregó que "por eso también ayer la Sala de Reconocimiento en una comunicación que le envió al fiscal general de la Nación, lo instó a activar sus competencias de manera inmediata, porque esas actuaciones le corresponden investigarlas a esa entidad".
La magistrada reiteró que uno de las causales mas graves que contemplan los acuerdos y las normas que rigen la justicia transicional para la pérdida de todos los beneficios y la expulsión de la JEP, es el rearme.
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Sin embargo, Linares afirmó que el retiro de dichos beneficios o se realiza de manera automática en ningún procedimiento judicial, porque esa condición está sometida al rigor de las garantías que establece la constitución y la ley, aunque sí es viable una actuación mucho mas expedita.
Ante la celeridad que se ordenó aplicar para este caso, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, ordenó imponer medidas cautelares y la reactivación de las órdenes de captura contra Iván Márquez, Jesús Santrich, Hernán Darío Velásquez alias El Paisa y Henry Garzón, alias Romaña.
La magistrada Linares indicó la reactivación de estas órdenes de captura se oficiaron ante varias autoridades como la Policía, la Fiscalía y la Interpol.
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La presidenta de la JEP señaló que aunque es una prueba muy fuerte el video en el que varios ex jefes de las Farc anunciaron su rearme, se seguirá con otra serie de procedimientos judiciales para cerrar de manera formal en ese tribunal, cada uno de los casos que se siguen en su contra.
Con relación al caso de Jesús Santrich, explicó que la JEP se adhirió a la orden de captura que emitió en su contra la propia Corte Suprema de Justcia. La magistrada Linares no respondió de manera directa al exfiscal general Néstor Humberto Martínez, quien pidió la renuncia de los magistrados que dejaron en libertad a Santrich, pese a estar requerido en extradición por Estados Unidos, por el delito de narcotráfico.
No obstante, la presidenta de la JEP añadió que "lo que sí puedo decir, es que todos y cada uno de mis colegas han venido cumpliendo sus funciones con estricto apego a la constitución y la ley, lo que supone por ejemplo, garantizar todos sus derechos como el de la contradicción, solicitud y práctica de pruebas".
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Al ser consultada por las voces que la señalan como responsable de lo acontecido con Iván Márquez y Jesús Santrich, bien analizando sus incidentes y negando la extradición de uno de ellos, Linares respondió: "La Jurisdicción Especial para la Paz, como cualquier juez de la República, debe actuar sometida y supedidata de manera estricta a la Constitución y la ley".
Y agregó: "nosotros discrecionalmente no decidimos si abrimos o no un incidente de incumplimiento. Esta es una figura que consagra la Constitución ante situaciones como las que hemos mencionado.
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