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La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, no aceptó los cinco delitos por los cuales la Fiscalía la proceso por el supuesto escándalo del contrato para reducir la mortalidad infantil, el cual costó más de $18 mil millones de pesos en el municipio de Albania, cuando ejerció como alcaldesa en esa población.
Pinto Pérez es indiciada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, contrato sin cumplimiento y peculado por apropiación.
Ahora la Fiscalía solicita la medida de aseguramiento contra Pinto Pérez, ante el juez 35 de garantías de Bogotá, y ha señalado una posible obstrucción de la justicia que podría presentarse por parte de la exgobernadora en caso de mantenerse en libertad.
En torno a la solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía además denunció que varios testigos en este proceso, e incluso el investigador Gentil de León Mármol, fiscal 4 seccional de Riohacha, y quién ha indagado hechos en este proceso, denunciaron amenazas de muerte provenientes de un grupo insurgente que se hace llamar "escuadrón de la muerte de Albania".
