Oneida Pinto, en libertad por vencimiento de términos

Sin embargo, la exmandataria deberá seguir respondiendo ante la justicia por presuntos hechos de corrupción en contratos.
Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira
Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira Crédito: Colprensa

El juzgado 23 municipal con funciones de control de garantías dejó en libertad a la exgobernadora de La Guajira Oneida Rayeth Pinto por vencimiento de términos.

Una vez estudiados los elementos materiales de prueba (...) accede a la petición presentada por la defensa, puesto que ya han rebasado los términos", indicó el despacho.

La exgobernadora es investigada por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales, peculado, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en celebración de contratos, todos relacionados con un contrato de alimentación escolar cuando era alcaldesa del municipio de Albania en La Guajira.

El juez 23 de control de garantías de Bogotá explicó en su determinación que Pinto había sido privada de la libertad desde hace más de 371 días sin que la Fiscalía revelara aún las pruebas en su contra, motivo por el cual fue dejada en libertad.

El pasado seis de marzo el juez 75 de garantías de Bogotá negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos a la exgobernadora Pinto en el marco de las investigaciones por presunta corrupción en La Guajira.

La investigación contra Oneida Pinto se relaciona con las irregularidades detectadas en dos contratos por 18.600 millones de pesos, los cuales buscaban reducir la mortalidad infantil en Albania en 2007 cuando fungió como alcaldesa de ese municipio.

En su momento los investigadores establecieron que los convenios fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual fueron suscritos con la E.S.E Hospital San Rafael de Albania.

La Fiscalía estableció que en el proceso de ejecución de dichos convenios se designaron diez coordinadores, quienes subcontrataron a cerca de 1.600 personas, pagando a cada una alrededor de 1 millón 200 mil pesos, para dictar charlas y visitas a madres gestantes y lactantes, y además adelantar jornadas de vacunación.

Según trascendió, entre los subcontratistas se encontraron personas que no tenían el perfil ni la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas, como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros.

Tras la orden del juzgado, la exgobernadora, quien permanecía bajo detención domiciliaria, podrá recuperar su libertad una vez se cumplan con los trámites administrativos y de ley respectivos.

ELN

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