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La Corte Suprema de Justicia modificó la medida de aseguramiento que existe en contra del excongresista Antonio Guerra de la Espriella, procesado por su presunta participación en el escándalo de Odebrecht.
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Sin embargo, tiene una prohibición expresa para salir del país y deberá informar continuamente a las autoridades sobre sus movimientos. Igualmente deberá atender los llamados y citaciones.
"Desde el inicio de la indagación preliminar el acusado ha estado presto a comparecer ante la justicia cuantas veces ha sido citado, al punto de que su aprehensión se hizo efectiva cuando compareció ante la autoridad judicial respectiva”, precisa uno de los apartes de la decisión de la Sala de Primera Instancia.
El exsenador fue capturado el 21 de marzo de 2019 después que varios implicados en el manejo de sobornos enviados por la multinacional brasileña lo vincularan con la presión para que en el Congreso se avalaran las pretensiones de la multinacional brasileña.
El 23 de septiembre de 2019, hace dos años, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al exsenador como presunto coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias de servidor público, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de servidor público.
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En el expediente se indica que Guerra de la Espriella se habría concertado con particulares, lobistas y otros servidores públicos para la asignación de contratos de obras públicas en especiales condiciones de favorabilidad a la compañía extranjera, particularmente el del proyecto Ruta del Sol II mediante el pago de sobornos.
El magistrado Ariel Torres prepara la ponencia en este proceso. La Procuraduría General ya pidió emitir fallo condenatorio contra el exsenador al considerar que existen pruebas documentales y testimoniales que lo vinculan directamente con este caso de corrupción.
El delegado del Ministerio Público indicó que el entonces senador habría movido sus influencias para que se favoreciera a Odebrecht con el contrato de la Ruta del Sol II. Su participación en este entramado no terminó ahí sino que también buscó presionar la estructuración de Navelena.
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Por su gestión recibió 200 millones de pesos. "Las pruebas recaudadas demuestran con certeza que Antonio Guerra colaboró eficazmente con los objetivos de dicha organización criminal creada para conseguir la adjudicación de contratos de infraestructuras", aseguró la Procuraduría.
El representante de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) -víctima reconocida en el proceso- también pidió condenar al excongresista al citar los testimonios de varios implicados en este caso de corrupción.
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