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Una juez a través de una audiencia de sentido de fallo, condenó a Wilson Arévalo, conocido como Chaco por su participación en el atentado a la Escuela General Santander de la Policía Nacional, hecho violento que dejó 22 uniformados fallecidos en el 2019.
El hoy condenado fue imputado por los delitos de concierto para delinquir en concurso con terrorismo agravado y homicidio agravado.
Según la investigación, Arévalo era testaferro del grupo armado ilegal del Ejército de Liberación Nacional -ELN- y en sus tareas también fue explosivista. Además, habría mantenido una estrecha relación con el conductor del vehículo que explotó en la Escuela, Aldemar Rodríguez, conocido como alias El Mocho.
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La Fiscalía recaudó pruebas que indicaron que Wilson Arévalo llevó el automotor hasta la ciudad de Bogotá en noviembre de 2018, el cual fue dejado en una bodega que arrendó José Aldemar Rojas, para que en dicho lugar lo adaptaran con los explosivos.
La lectura del sentido de fallo será en abril. Sin embargo, Wilson Arévalo ya estaba privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, pagando otra condena de más de 17 años por rebelión, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.
Por su parte, se comprobó que Álvaro José Mateus Vargas realizó los trámites de venta de la camioneta utilizada en la acción terrorista y tendría relación directa con Wilson Arévalo Hernández, capturado y judicializado por su presunta responsabilidad en el traslado del mencionado vehículo desde Arauca hasta la bodega en el sur de Bogotá donde fue cargado con 80 kilogramos de pentolita.
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En mayo de 2022 la Fiscalía logró que fueran condenadas tres personas que lavaron millonarias sumas de dinero en favor de uno de los procesados por el atentado a la Escuela. Los sentenciados hicieron varias transacciones a Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco, uno de los presuntos involucrados en la planeación y logística de la acción terrorista.
Se trata de Anyi Daniela Martínez Buitragos sentenciada a 7 años y 10 meses de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares; Luis Sebastián Mateus Vargas, condenado a 7 años y 10 meses de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares y Carlos Felipe Mateus Vargas que debe cumplir con una pena de 5 años y 4 meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
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