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Embolatadase encuentra la libertad del ex viceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales, quien se encuentra en la cárcel La Picota pagando una pena de cinco años y dos meses de prisión.
García, quien se desempeñó como alto funcionario del Ministerio de Transporte en el segundo mandato de Álvaro Uribe, fue el primer capturado por el escándalo de Odebrecht a inicios de 2017.
Fue condenado luego de admitir que recibió un soborno de 6,5 millones de dólares por parte de la multinacional brasilera para favorecerla en la adjudicación del segundo tramo de la Ruta del Sol.
Desde el momento en que fue capturado, el exfuncionario inició labores en la granja del centro de reclusión, destinada para presos aforados constitucionales, como congresistas y trabajadores del Gobierno. Esperaba reducir su estancia en prisión sembrando lechuga, tomate, fresas, cebolla y otros, así como la cría de conejos, productos que sirven para la manutención de los reclusos y sus familiares.
De esta forma, a mediados de este año la defensa de García presentó todos los documentos con los que se buscaba su pronta libertad condicional, la cual esperaban que se diera a principios de 2020, fecha en que se cumplen las tres quintas partes de la condena del ex viceministro, tiempo mínimo estipulado por ley para permanecer recluido.
El argumento de los abogados era el buen comportamiento de su cliente, haber colaborado con la justicia testificando contra otros involucrados en el proceso, así como la redención de la pena por su trabajo en la huerta, donde se le habría permitido incluso trabajar domingos y festivos.
Sin embargo, en un nuevo giro, todo parece indicar que la liberación de García tomará más tiempo del que esperaba. Esto luego de conocerse un auto en el que un juez le negó la libertad condicional.
¿La razón? Las cuentas no cuadran. De acuerdo a la Agencia de Periodismo Investigativo (API) lo presentado ante el juez "significa que él desde la fecha de su captura, el 13 de enero de 2017, trabajó de manera ininterrumpida y sin descanso durante 24 meses".
Entre las irregularidades que se habrían encontrado, destaca que, de acuerdo a la ley, solo se les permite a los prisioneros trabajar 48 horas semanales entre las 8:00 a.m a 4:00 p.m., por lo que no parece posible que haya pagado el tiempo de servicio que asegura haber hecho.
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Además, la defensa del exfuncionario presentó los registros de su servicio prestado, los cuales coincidían casi de manera simultánea con los momentos en que García estaba atendiendo visitas de sus abogados y familiares.
Así las cosas, la justicia validó su tiempo en la huerta para descontar su condena, aunque no se tomaron en cuenta los domingos y festivos que argumentaba haber trabajado. Además, se investiga si en verdad estuvo realizando estas labores los días que aparecen en los registros.
Todo esto significa que, si bien pasará menos de los cinco años y dos meses en prisión, su libertad no será tan pronto, es más, podría tardarse dadas las irregularidades encontradas.
