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Autoridades en el departamento de Antioquia investigan los hechos en los que perdió la vida el joven motociclista Gonzalo Adolfo Montoya Porras (de 21 años), luego de omitir una señal de pare en la ciudad de Envigado.
Esta persona recibió un disparo en medio de una persecución que le hicieron los dos policías que le ordenaron detenerse, cerca al centro comercial Viva.
El subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Pablo Ruiz, aseguró que además del proceso penal, la institución abrió una investigación disciplinaria para esclarecer lo ocurrido y determinar el grado de responsabilidad de los uniformados implicados en el lamentable caso.
"De acuerdo con lo manifestado por la patrulla del cuadrante, ante la omisión de pare de un joven que iba en una motocicleta, se emprende una persecución. Hay una actuación de la Policía que deja como resultado al joven muerto. Se van a adelantar las investigaciones penales y disciplinarias del caso", dijo el alto oficial.
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En medio de lágrimas, los testigos expresaron su indignación por lo ocurrido y aseguraron que el joven iba en una motocicleta de bajo cilindraje y le dispararon cuando estaba reducido. Denunciaron que la víctima estaba desarmada y solo llevaba un bolso con libros.
"Lo hubiera podido capturar vivo, ¿por qué le tenía que disparar?, ni siquiera llamaron a la ambulancia, ¿por qué le cogieron el bolso, qué le van a meter? ¡Abusivos!", son algunos de los gritos de los testigos en contra de los policías, que quedaron grabados en un video aficionado.
Aunque en redes sociales circuló la versión de que se trataba de un nuevo caso de fleteo, los testigos negaron tajantemente esta información y las autoridades afirmaron que la persecución ocurrió por una omisión de pare.
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Policías investigados
Hace cuatro meses, en un operativo realizado en varias ciudades del país, fueron capturadas 10 personas, entre ellas cuatro policías activos de Medellín y algunos en retiro, quienes habrían participado en el secuestro de cinco empresarios antioqueños.
Según las investigaciones, los uniformados y particulares contactaban a las familias de los secuestrados para exigir millonarias sumas de dinero a cambio de su liberación.
