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En tal sentido ordenó al Ministerio de Educación Nacional que, en el término de un año, introduzca en las pruebas Saber “esquemas diferenciales de evaluación de los procesos educativos de las personas en condición de discapacidad (física y cognitiva)” para garantizar su derecho a la igualdad.
Según el alto tribunal, los procesos educativos deben ser valorados por medio de mecanismos diferentes que establezcan las diversas capacidades que tienen los estudiantes en todo el país.
“A aquellos que puedan ser vinculados a esquemas de educación inclusiva se les garantizará progresivamente ese derecho, previa determinación de los ajustes necesarios que requieren”, señala la Corte.
Añade que “la verificación de las condiciones de calidad del servicio educativo se efectúa en relación con la población mayoritaria”, es decir, las pruebas deben tener en cuenta la población en condición de discapacidad, de lo contrario “se dejan de constatar los niveles de calidades individuales, institucionales y regionales”.
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