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LA FM de RCN conoció el dossier de la Fiscalía sobre el escándalo del ‘megalavado petrolero’ que involucra a reputados empresarios del sector de hidrocarburos y que generó una afectación de más de 80 millones de dólares a Ecopetrol.
En total son 13 empresarios que están a punto de ser acusados por la Fiscalía en dos proceso a penales distintos. El primero, que se inició en 2019 en el que se declararon como víctimas la Dian, Ecopetrol y su filial Cenit, por el contrabando de crudo y el segundo que se inició en 2022, en el que se investigan además de empresas los vínculos del ELN en la cadena criminal, a través del robo de crudo del oleoducto Caño Limón Coveñas.
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Entre los empresarios que aparecen en el organigrama de los investigadores se destaca Hernando Silva Bickenbach, representante legal de Niman Commerce, considerado como uno de los principales dinamizadores de la compra, venta y recepción de hidrocarburos, junto a su enlace Roger Arturo Gale Gutierrez, ingeniero comercial de la sociedad Gunvor Colombia SAS, quien presuntamente asesoraba a esta organización criminal para dar apariencia de legalidad de los hidrocarburos provenientes del extranjero.
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También está Paola Margarita Martínez Sánchez, subgerente de la sociedad Swiss Terminal Barranquilla, quien actuaba como agente almacenador de hidrocarburos y sus derivados dentro de Zona Franca de esa ciudad.
Sergio Fortich Pérez, tenía como presunta función o rol dentro de esta empresa criminal, ser el enlace para la compra de crudos y sus derivados desde Venezuela hacia Colombia, a través de sus contactos en Panamá.
Igualmente, aparece en este listado hasta un pensionado de Ecopetrol, identificado como Jaime Fernández Uribe, cuyo papel era ser el supuesto comercializador de los hidrocarburos que adquiría procedente de países como Venezuela y eran ingresados a Colombia de manera fraudulenta, lo que se denomina contrabando técnico, “consistente en falsificar los orígenes de los hidrocarburos para dar apariencia de legalidad simulándolos con orígenes de países como Curazao y Panamá”.
Otros de los implicados son José Gabriel Márquez Santos, Margarita Delgado García, Óscar Luis Pastrana Martínez, Hiklirs Abraham Rincones Joiro y Jairo Hernán Devia Cubillos.
Los investigados en este escándalo serán acusados por la Fiscalía por delitos como concierto para delinquir agravado, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, falsedad en documento privado y receptación.
¡Abierta la puerta para negociar!
La FM de RCN conoció que aunque hasta la fecha ninguno de los 13 empresarios que están a punto de ser acusados ha aceptado cargos ante la justicia, los fiscales mantienen abierta la posibilidad para que antes de que inicie la etapa del juicio oral, algunos de los implicados puedan buscar un preacuerdo o un principio de oportunidad.
Sin embargo, todo eso dependerá de lo que estén dispuestos a confesar o colaborar con la justicia.
Fuentes cercanas a las víctimas y a los investigadores expresaron que se encuentran en alerta ante el temor de posibles presiones naturales de la jurisdicción en la que se adelanta el proceso contra diez de los empresarios implicados en la ciudad de Barranquilla y por ello, la Fiscalía no descarta pedir el traslado especial de este expediente a Bogotá para blindar el eventual juicio en su contra.
El matrimonio criminal con el ELN
Los investigadores descubrieron una especie de matrimonio criminal entre el ELN, con una estructura financiera de alto calado en el país para robarse el petróleo.
Los fiscales lograron establecer los nexos que tendría esa guerrilla con estas organizaciones dedicadas a estas actividades ilícitas de extracción, refinamiento, comercialización y transporte de hidrocarburos de Ecopetrol.
Albaneris Pérez Garavis, alias La Mona, fue identificada de ser la encargada de financiar toda la red criminal, además de proveer los recursos al ELN con una injerencia especial en la región del Catatumbo (Norte de los Santander).
Asimismo, los agentes de Policía Judicial intensificaron los operativos para capturar a Norbey Palacios, quien también creó una empresa fachada en la región y se convirtió en pieza clave por sus estrechos vínculos con el ELN para mantener el control territorial sobre la compra y venta ilegal del petróleo ejecutado por esa guerrilla y los contrabandistas que saquearon el oleoducto Caño Limón-Coveñas.
Mercado Negro de compra y venta documentos adulterados
Otro de los eslabones de esa cadena criminal está conformado por varias empresas que desde 2021 habrían utilizado personerías jurídicas, permisos otorgados por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y las Cámaras de Comercio, para crear y mantener actividades comerciales relacionadas con la instalación de las plataformas de extracción del crudo, el desarrollo de sistemas de almacenamiento y refinación y la comercialización de hidrocarburos.
Según los investigadores, también se detectó un mercado negro en el que se compraban guías únicas de transporte que eran adulterada con información falsa, para facilitar la movilidad en vías de norte de Santander de muchos de los contrabandistas que habrían robado los miles de barriles del oleoducto Caño Limón Coveñas.
Batalla legal por los billonarios bienes embargados
De forma paralela a los procesos penales, la Fiscalía avanza en el proceso de extinción de dominio que se relaciona con siete investigaciones distintas que vienen desde 2015, referentes a este escándalo de corrupción y robo y contrabando de petroleo, que terminó en una primera etapa con el billonario embargo de lujosos bienes a los miembros de este entramado criminal.
La FM de RCN también conoció que los investigadores de la Fiscalía están revisando minuciosamente cada una de la pruebas que van a sustentar las demandas que se van a instaurar ante los jueces, para buscar ganar la disputa legal que se avecina y que se decrete la extinción de dominio definitiva sobre los 1.3 billones de pesos en bienes que fueron embargados a los implicados en el escándalo del ‘megalavado petrolero’.
