Magistrados de la Justicia Especial de Paz
Magistrados de la Justicia Especial de Paz
Cortesía Corte Suprema de Justicia
8 Sep 2019 12:30 AM

Más de 600 terceros se postularon a la JEP en busca de beneficios

De esa cifra, 103 postulados corresponden a agentes del Estado, pero no a la Fuerza Pública.
Mauricio Collazos
Mauricio
Collazos
@CollazosMao

Un total de 607 personas se presentaron de manera voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el fin de lograr acceder a los beneficios jurídicos que otorga ese marco de la justicia transicional.

De acuerdo con el informe preliminar suministrado por ese tribunal especial, del total de terceros que se postularon por estar, al parecer inmersos, en actos del conflicto armado, 103 son agentes del Estado, pero no integrantes de las filas de la Fuerza Pública.

Este reporte previo fue entregado en atención a que el pasado viernes se vencía el plazo para que aquellos terceros que consideran cometieron actos relacionados con el conflicto armado en Colombia pudieran optar a presentarse ante los los magistrados de la JEP.

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De la misma manera, se conoció que aquellos que en la actualidad están siendo procesados en medio de expedientes coordinados por la Fiscalía General o cuyos casos se encuentran en los estrados judiciales y se abstuvieron de presentarse ante ese tribunal especial, seguirán siendo juzgados por la justicia ordinaria.

No obstante, los terceros que a futuro lleguen a ser investigados por procesos relacionados con delitos que tengan relación directa o indirecta con el conflicto armado, en hechos antes del primero de diciembre de 2016, tendrán un plazo de tres meses, tras la apertura de sus procesos, para poder acudir de manera voluntariamente ante la JEP.

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A este grupo de terceros se suman las más de 50 actas de compromiso que han suscrito con la justicia transicional agentes del Estado como exalcaldes, excongresistas y exgobernadores, entre otros actores.

Los terceros podrían acceder a beneficios en la JEP como la libertad anticipada o hasta sanciones restrictivas de la libertad, pero no cárcel y a una sanción de entre 5 y 8 años o hasta 20 años de prisión, si no reconocen la verdad.

Fuente
Sistema Integrado de Información