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La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Martha Lucía Zamora, directora administrativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); y a July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo, contratistas de esta justicia especial.
Esta decisión se relaciona con el supuesto encubrimiento a varios exjefes de las Farc señalados de abandonar los espacios territoriales.
En su momento, el propio gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a Martha Lucía Zamora y a los contratistas July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo,
Según la Fiscalía, hay evidencias de que varios funcionarios de la JEP, presuntamente, fraguaron una suerte de falsedades y un eventual fraude procesal para encubrir el abandono de espacios territoriales de capacitación y reincorporación por parte de algunos jefes desmovilizados de las Farc.
En contexto: Martha Lucía Zamora, a responder por falsedad ideológica en documento público y otros delitos
En desarrollo de esta investigación, un grupo de agentes especiales del CTI llevó a cabo una inspección judicial a la sede de la JEP para recolectar documentos y otros elementos que fueron incorporados como evidencias en el proceso.
En su momento, tras responder en interrogatorio, tanto Zamora como la contratistas Henríquez y Zamora negaron los señalamientos de la Fiscalíay argumentaron que todas las explicaciones las darían ante el investigador del caso.
Por su parte, la directora administrativa de la JEP aseguró que los funcionarios de este tribunal especial siempre han actuado con transparencia y con su deber.
“Yo creo que (la JEP) es una institución absolutamente clara y transparente en donde todos sus integrantes han cumplido con su deber y sus funciones dentro del marco de la Constitución y la ley”, aseguró Zamora.
“Yo estuve como secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz durante tres meses y ahora regrese a mi cargo de directora administrativa”, añadió.
En desarrollo de este proceso la acusación de la Fiscalía se relaciona con los delitos de perturbación de actos oficiales, asesoramiento ilegal y abuso de función pública.
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