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La Fiscalía General de la Nación trasladó a la guarnición militar del Batallón 13 de Artilleria, ubicada en el sur de Bogotá, al ex fiscal jefe de anticorrupción Luis Gustavo Moreno, testigo estrella del escándalo del cartel de la toga.
El traslado lo hizo efectivo un grupo especial de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General. El cambio de reclusión se dio por solicitud del propio exfiscal Moreno y fue apoyado por la Corte Suprema de Justicia.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia remitió una carta el pasado 21 de septiembre dirigida al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en la que expresaba su respaldo a recluir en un centro de reclusión militar al exfiscal Luis Moreno Rivera.
"En aras de que cuente con la tranquilidad de ánimo suficiente para seguir declarando conforme a su compromiso, la Corte reitera la solicitud de trasladarlo a una celda en una guarnición militar en Bogotá", argumentó en su momento la Corte Suprema. Para el alto tribunal este traslado contribuirá al éxito de las investigaciones sobre corrupción en la Sala Casación Penal de la Corte.
Cargos
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Luis Gustavo Moreno Rivera, exdirector nacional contra la corrupción de la Fiscalía, por incurrir, presuntamente, en los delitos de delitos de concusión y utilización de información privilegiada. Los presuntos actos de corrupción se relacionan con el dinero que habría recibido en calidad de director anticorrupción, con el fin de beneficiar a Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, en investigaciones que se adelantan en su contra.
La Fiscalía indicó que Moreno Rivera al parecer se encontró entre los meses de febrero y marzo con el exgobernador Lyons, en la ciudad de Bogotá, para ofrecerle beneficios e información privilegiada de los casos que enfrenta, a cambio de dinero. En esta reunión el indiciado habría solicitado cien millones de pesos ($100.000.000).
Igualmente, con ese propósito, se estableció que el imputado habría recibido 10.000 dólares, durante una reunión sostenida en Miami (Estados Unidos) con el mismo Lyons Muskus.
Tras la imputación, Luis Gustavo Moreno Rivera aceptó cargos. Sin embargo, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá no aprobó el allanamiento, debido a que en la intervención Moreno expresó sentirse presionado por distintos motivos. El magistrado consideró entonces que la aceptación de cargos no era voluntaria.
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