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El exministro de Comercio Luis Carlos Reyes compareció ante la Corte Suprema de Justicia para rendir testimonio en el marco de la investigación que adelanta el alto tribunal sobre un presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Reyes fue citado como testigo clave debido a su conocimiento sobre el traslado de recursos desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) hacia la mencionada entidad.
A su salida de la Corte, Reyes afirmó que proporcionó toda la información que conocía sobre el desvío de dineros, "con mi testimonio espero que se aclaren las circunstancias en las cuales potencialmente se desviaron recursos públicos", aseguró el exministro.
Además, recordó que fue él quien, en 2023, alertó al presidente Gustavo Petro sobre la continuidad de prácticas irregulares en el Ministerio de Hacienda, específicamente sobre el manejo de cupos por parte de Andrea Ramírez, quien, según Reyes, mantenía el mismo sistema que los gobiernos anteriores.
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Por otro lado, la Corte Suprema había citado también a Ana Irma Virginia Guevara, exdirectora general de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, para que declarara en el caso. Sin embargo, la diligencia fue aplazada debido a que Guevara no compareció ante el tribunal.
La investigación se centra en presuntos acuerdos ilegales relacionados con las funciones del Congreso, así como en irregularidades en la aprobación de proyectos y contrataciones vinculadas a la UNGRD. La Corte investiga a cinco congresistas y un exrepresentante a la Cámara, quienes están siendo señalados por posibles actos de corrupción.
Los congresistas implicados son Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez y Karen Astrith Manrique Olarte, así como el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
Según las pruebas obtenidas, que incluyen más de 50 documentos y más de 10 testimonios, los acusados habrían recibido dádivas a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito presentadas por el Ministerio de Hacienda.
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Estas operaciones estarían directamente relacionadas con contratos de la Unidad, específicamente en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), donde los investigados habrían aceptado beneficios para influir en la aprobación de proyectos.
