Llamado de atención de la Corte Constitucional a la Fiscalía por temas de la JEP

La Corte Constitucional hizo fuertes llamados de atención a la Fiscalía por posibles intromisiones en el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Lo que hizo la Corte fue quitarle a la Fiscalía la facultad de proponer conflictos de competencias con la Jurisdicción Especial, ya que la Fiscalía no tiene facultades de juez sino de investigador.

“Solo tiene competencia relativa a continuación de los actos de investigación e indagación de los hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos”, dijo la Corte al advertir que es la JEP la que debe tomar decisiones de fondo como juez.

En ese sentido, la Corte advirtió que las competencias de la Fiscalía solamente se extienden a las capturas y procesos de extinción de dominio.

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“La Fiscalía solo podría decir que es competente: en casos como tramites como la captura con ocasión del procedimiento originado en el requerimiento de retención con fines de extradición o el de extinción de dominio de los bienes relacionados con las FARC-EP”, dijo la Corte.

Ese llamado de atención, se hizo en la decisión que dejó en manos de la JEP la competencia para conocer el proceso contra el excongresista Álvaro Ashton por el cartel de la toga.

En ese caso la Corte señaló que, “la Fiscalía carece de facultades jurisdiccionales, pues respecto del presunto delito de cohecho cometido por el señor Álvaro Ashton Giraldo, solo funge en el proceso penal como ente investigador del sistema penal acusatorio”.

Ashton fue aceptado en la JEP en julio del año pasado, después de que en marzo del 2018 elevara su solicitud de acogerse a la jurisdicción.

“La Sala Plena de la Corte Constitucional encuentra que el señor Álvaro Ashton Giraldo, es un tercero con interés en el trámite judicial y quien desde el 2019 se encuentra sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras razones, por el conocimiento del mismo delito”, sostuvo la Corte.

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Ashton es investigado porque presuntamente, entre los años 2013 y 2014, habría entregado 600 millones de pesos al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, con el fin de lograr el archivo de algunas investigaciones en su contra, particularmente, la adelantada por el delito de concierto para delinquir, en el que se indagaba por su supuesta relación con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, que delinquió en el departamento del Atlántico.