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La Superintendencia de Sociedades se pronunció frente a las declaraciones de la Presidente de la Corte Constitucional, con relación a la práctica de pruebas en ejercicio de las competencias conferidas en la Ley 1778 de 2016, en la que se prohíbe la interceptación o allanamiento sin una orden judicial.
Esa entidad señaló que no ha realizado interceptaciones telefónicas para desarrollar sus investigaciones, ya que no es competente para llevar a cabo dicho procedimiento.
Además aseguró que en las visitas administrativas realizadas de investigación sobre la posible comisión de conductas de soborno transnacional, no se han llevado computadores ni dispositivos móviles.
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La SuperSociedades también advierte que las facultades conferidas en virtud de la mencionada ley, son indispensables para la eficacia de las investigaciones administrativas, sobre la posible comisión de conductas de soborno transnacional.
“Cualquier posible limitación al recaudo de pruebas, podría restringir la efectividad de la lucha contra el soborno transnacional y el cumplimiento de los compromisos establecidos en la implementación de la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, indicó la Superintendencia.
Cabe mencionar que esa entidad se encuentra a la espera de la expedición del fallo judicial, para determinar sus alcances y aseguró que acatará el fallo proferido por la Corte Constitucional.
La Superintendencia de Industria y Comercio también se manifestó frente al tema y señaló que esta decisión no limitaría sus facultades en las investigaciones que lleva a cabo, pues los funcionarios de esa entidad realizan visitas administrativas y no allanamientos, al tiempo que instó a los investigados a entregar equipos o elementos que puedan agilizar los estudios.
