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Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá legalizó la captura del exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, procesado por presuntamente recibir financiación de la guerrilla del ELN.
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Alvarado, quien fue capturado en la noche del pasado jueves en su residencia en Bogotá, es señalado por la Fiscalía General de los delitos de concierto para delinquir, peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y financiación del terrorismo.
Según la investigación, durante su periodo comprendido entre los años 2016 - 2020, el entonces mandario puso a dispocisión del ELN la Gobernación entregándoles cargos púlicos y millonarios contratos, relacionados con la infraestructura.
Por estos mismo hechos fue capturado el pasado miércoles el actual gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, quien habría pactado un acuerdo financiero, a través de contratos estatales con integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN.
Para esto se firmó un compromiso e ese grupo ilegal dándoles carta blanca para que continuaran con su actuar delincuencial en la región a cambio de logística y protección militar para su seguridad y desplazamientos por los municipios de la zona.
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Para garantizar su elección habría entregado entregó millonarias sumas de dinero a dicho grupo subversivo para que ejercieran presión en los votantes. La Fiscalía tiene en la mira ocho contratos que habrían sido entregados de manera directa a un integrante del ELN conocido como 'El Gordo Giovanni' para estudios y diseños de vías, proyectos de espacio público, infraestructura educativa, oviando cualquier proceso de licitación.
La Fiscalía General le imputó los delitos de concierto para delinquir; financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación agravado.
El mandatario se declaró inocente. La Fiscalía General le solicitó a un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que emita medida de aseguramiento en centro carcelario.
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