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La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá citó para el próximo 14 de octubre una audiencia pública para que se informe sobre las acciones que se han tomado tras el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia que declaró a la Amazonía como "sujeto de derechos". En dicha diligencia, nueve representantes de entidades del Estado tendrán que reportar los avances en la protección de la flora y fauna.
La convocatoria se realizó debido a la falta de avances significativos frente a las órdenes emitidas por la Corte Suprema. El Tribunal escuchará durante nueve días a las partes demandadas para tomar una decisión de fondo ante lo que podría ser un claro incumplimiento de una orden judicial que buscaba ponerle punto final al "olvido" en la Amazonia por parte del Estado.
En contexto: Corte ordenó proteger la Amazonía y reconocerla como sujeto de derechos
En la convocatoria dada a conocer por el diario El Espectador, el magistrado Jorge Eliécer Moya señala que hasta la fecha, un año después de la emisión del fallo, no se conocen acciones de fondo y efectivas para proteger a la Amazonia.
"Lo cierto en este momento es que ninguna de las convocada a la presente actuación ha demostrado pleno cumplimiento a lo ordenado y que, por contera, lejos están de reducir a cero la deforestación en la Amazonia, en la forma y términos señalados en la sentencia 4360-2018", precisa la citación.
En este sentido se advierte que pese a que se han presentdo "algunos avances" para "blindar a la Amazonia contra la deforestación", faltan muchas acciones por parte de las entidades demandas.
En el fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia emitió seis directrices para garantizar la protección de la Amazonia. El Gobierno, en primer lugar, debería tomar un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para frenar la deforestación.
Los grupos de investigación ambiental, organizaciones científicas y entes de control debían contruir un plan dirigido a la protección de la flora y la fauna.
Todos los municipios de la Amazonia -señala el fallo- debían poner en marcha un Plan de Ordenamiento Territorial con el único fin de ponerle punto final a la deforestación.
Igualmente, las autoridades debían realizar acciones para judicializar a aquellos implicados en acciones contra el medio ambiente.
