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Como medida de aseguramiento preventiva, la jueza novena de control de garantías, Elizabeth Araújo, ordenó privar de la libertad a Wilfran Quiroz Ruiz, Luis David Quiroz y Luis Eduardo Agresor, imputados en el proceso Portal de las Blas de Lezo II.
Debido a la situación irregular carcelaria en el país, los detenidos deberán cumplir provisionalmente la medida de aseguramiento en una estación de policía.
Para la jueza es reprochable que los constructores hayan edificado una estructura sin los requisitos legales para ahorrarse costos.
Con relación al delito de urbanización ilegal, que fue imputado por la Fiscalía por la construcción de cuatro edificaciones (Portal de Blas de Lezo I y II, Caracoles I y II) sin los requisitos exigidos, la juez determinó que se debían tramitar las respectivas licencias administrativas y no se hicieron, pero aclaró que la entidad territorial es corresponsable en el delito, toda vez que hay funcionarios que deben vigilar y garantizar la legalidad de las edificaciones.
Según la Fiscalía, los constructores violaron el Plan de Ordenamiento Territorial y nunca solicitaron una licencia de construcción ante una curaduría urbana; en ese lote no había radicado ninguna solicitud de licencia. Como prueba, el ente acusador también aportó la solicitud de Antonio Monsalve, un ciudadano de ese sector, al inspector de Policía Alfonso Ramos de León, a quien le pedía una revisión ocular de la edificación.
En cuanto a la valla expuesta en la construcción, la juez sostuvo que es la publicidad del acto administrativo de la licencia, pero no se trata de un documento público ni es emitida por una entidad pública, pero que sí contenía información falsa.
Aunque hay constancia de que Luis David Quiroz estudió arquitectura en la Universidad Agustiniana en Bogotá, la juez concluyó que no se puede establecer si cursó las materias, pero que sí fungía como arquitecto, incluso estuvo al frente de la obra por periodo de tiempo mientras su padre estuvo enfermo.
Para la juez de control de garantías, la Fiscalía no aportó elementos probatorios que establezcan que los detenidos estaban simulando el acto administrativo de una licencia expedida por un curador; eventualmente podría imputarse la falsedad en documento privado.
La juez, consideró, es posible que haya lugar al delito de estafa simple, justificado en la valla con información falsa.
La defensa pidió a la segunda instancia del proceso que se revoque la medida de aseguramiento en centro carcelario ordenada por la juez de control de garantías, debido a que consideran que los detenidos pueden cumplirla en su residencia.
