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Como Luis Fernando Cortés fue identificado el funcionario de la Institución Educativa La Florida, del municipio de Santa Rosa de Cabal en Risaralda, quien bajo el delito de peculado por apropiación fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, luego de que la Fiscalía y la Contraloría de Risaralda señalaran tener en su poder pruebas que demostrarían que el hombre se había apoderado de dineros públicos de la educación.
El encargado de entregar información del suceso fue directamente el contralor de Risaralda Álvaro Trujillo, quien detalló la auditoría realizada por su despacho y que terminó con las ya conocidas consecuencias penales para el implicado.
“La Contraloría General del Risaralda adelantó una auditoría a los recursos de la Secretaría de Educación de Santa Rosa de Cabal durante la administración anterior, en medio de estas revisiones encontramos en el Instituto La Florida de dicha localidad, una presunta responsabilidad fiscal superior a los 30 millones de pesos y luego de verificar el suceso, logramos establecer que el implicado venía realizando la sustracción continua de unos recursos, directamente de las cuentas de la Institución Educativa, los cuales eran trasladados a las cuentas personales del funcionario, razón por la cual se realizó el pago de la responsabilidad fiscal, pero se continuó con los traslados del proceso ante la Procuraduría y por la misma razón lo admitió ante la Fiscalía General de la Nación”, indicó el contralor Trujillo.
Ante todo lo comentado por el Contralor General de Risaralda y luego de que se conocieran las respectivas pruebas aportadas por la Fiscalía, el contralor Trujillo puntualizó que, “el día de ayer, un Juez de la República en el municipio de Santa Rosa de Cabal, dispuso la medida privativa de la libertad y condenó al funcionario identificado como Luis Fernando Cortés Osorio”.
Por este caso, según se conoció, el Juzgado dispuso la medida de privación libertad la cual deberá llevarse a cabo en un centro penitenciario, esto luego de negar la solicitud hecha por la defensa del funcionario, de que se le concediera el beneficio de la detención domiciliaria.
