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El abogado Julián González Escallón, coordinador de incidencia nacional de la Comisión Colombiana de Juristas, explicó las razones por las cuales un grupo de abogados y senadores demandaron ante la Corte Constitucional, la ley que permite la cadena perpetua para asesinos y violadores de menores de edad.
González señaló que después de revisar la normativa, encontraron que la reforma a la Constitución no protege realmente la dignidad de los niños, niñas y adolescentes víctimas de esos delitos.
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De acuerdo con el experto, “se crea una falsa sensación de justicia”, ya que la ley no otorga ningún tratamiento ante la impunidad que se presentan en este tipo de casos.
“Ninguna parte de esta reforma está encaminada a reformar los problemas de la administración de justicia, o hacia la creación de unidades especiales de la Fiscalía para investigar estos crímenes atroces”, dijo.
En ese sentido, aseguró que tanto “la Fiscalía General de la Nación, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), coinciden en que la impunidad en estos casos va del 95% al 98%”.
El abogado señaló que esa falta de justicia “crea un desincentivo y no atiende el problema esencial que es la falta de atención estatal a ese tipo de crímenes”, que se cometen contra los menores de edad.
El coordinador de incidencia nacional de la Comisión Colombiana de Juristas, advirtió que la normativa también tuvo varias fallas en su trámite, es decir, que el Congreso no siguió algunas de las reglas para una reforma a la Constitución.
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Cabe mencionar que la demanda que se presentó después de que el presidente Iván Duque promulgara el acto legislativo que le da vida jurídica al proyecto, es liderada por la Comisión Colombiana de Juristas y los congresistas, Ángela Robledo, Iván Cepeda y Roy Barreras.
Por su parte, el Centro de Investigaciones en Política Criminal de la universidad Externado, señaló en su momento que “la cadena perpetua no ofrece solución efectiva y real al delito en general y, en particular, a los delitos sexuales”.
Entre tanto, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, dijo en su momento que la ley realmente no protege, ni garantiza la justicia a los menores víctimas, porque permite a los condenados la revisión de las sentencias a los 25 años de haber sido impuestas.
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