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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación contra el juez 31 de control de garantías de Bogotá que le otorgó prisión domiciliaria a Andrés Giovanni Rivera, procesado por rociar con thinner a su pareja.
En la investigación de oficio se busca establecer si el funcionario judicial incurrió en una falta al tomar la decisión.
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Los hechos se presentaron el pasado 9 de octubre en la vivienda ubicada barrio Santa Catalina de la localidad de Kennedy en el sur Bogotá. Andrés Yovani Rivera le habría prendido fuego a su pareja, Laura Vanesa Rincón de 21 años luego que ella se negara a lavar los platos.
Aunque Rivera fue capturado tuvo que ser recluido en el hospital Simón Bolívar por las quemaduras que presentó tras la agresión contra su compañera sentimental que le generaron lesiones en el 65% del cuerpo.
El hermano de la víctima aseguró que tras la discusión verbal el hombre atacó a Laura Vanesa le lanzó thinner y con un mechero le prendió fuego. En la acción incluso quemó al perro de la familia.
Por estos hechos la Fiscalía General le imputó los delitos de tentativa de feminicidio agravado, violencia intrafamiliar y maltrato animal los cuales no aceptó. Tras resolver la petición de la Fiscalía General el juez ordenó medida de aseguramiento en el domicilio de la mamá del presunto agresor en el municipio de Cajicá (Cundinamarca). Decisión que generó una gran polémica.
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Frente a esto el funcionario judicial publicó un comunicado indicando que la "decisión fue adoptada luego de evaluar el caso conforme a los estándares legales aplicables. Explícitamente se indicó que se estaba ante un evento de grave violencia de género; que, a pesar de que no había antecedentes de violencia o delincuencia por parte del señor Rivera Triana, su libertad representaba riesgo para la víctima por su convivencia; y que, por ello, debía detenérsele. La selección de la medida de detención en residencia obedeció a la acreditación, por la defensa de esta persona, de un ámbito domiciliario alejado y diferente al de la víctima, que permitía neutralizar suficientemente el riesgo detectado. En esas condiciones, el sistema judicial no podía optar por medidas más intensas".
Precisó además que la decisión no es definitiva puesto que la Fiscalía General presentó recurso de apelación y deberá ser resuelto por un juez de conocimiento de Bogotá.
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