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Jorge Enrique Gómez Urueta, juez primero de ejecución de penas de la ciudad de Barranquilla, enfrenta varias críticas ante la opinión pública tras haber tomado la determinación de concederle el beneficio de casa por cárcel a Emilio Tapia, contratista involucrado en el escándalo del “Carrusel de la Contratación”.
A través de un auto, Gómez Urueta señaló que Emilio Tapia cumplió más del 50% de la condena física, al señalar que desde el pasado 10 de julio el excontratista cumplió con la mitad de la condena y que además “estuvo hasta el 19 de diciembre, 5 meses y 11 dìas más”..
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De hecho, algunos vecinos del condenado manifestaron a las autoridades que Tapia Aldana “es una persona con quien se puede convivir en sociedad".
Actualmente Emilio Tapia cumple su pena en la vivienda de su hermano Farid Tapia Aldana, junto a su compañera sentimental y su hijo.
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Sin embargo, esta no es la primera vez que los fallos del juez primero de ejecución de penas, Jorge Enrique Gómez, son cuestionados.
En el año 2014, el Gobierno Nacional le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura investigar los fallos del juez Gómez Urueta a favor de Melquisedec Henao Ciro, alias “Belisario”, quien fue jefe de “Los Urabeños” en Santa Marta y primo de de alias "Don Mario".
Para ese entonces, Gómez Urueta también le habría concedido la libertad inmediata a alias "Belisario" en tres ocasiones en un periodo de cinco meses, entre el 2013 y principios del año del 2014.
En el año 2015 una publicación preliminar de la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que varios funcionarios judiciales en Barranquilla habrían incurrido en prevaricato por acción, al obligar al Distrito a desembolsar $25 mil millones de pesos a un grupo de 75 pensionados, Por el sonado caso de la "tutelitis" o "mesada 15”, en este caso también está involucrado el juez Gómez.
El 25 de septiembre del 2018 la Fiscalía General de la Nación informó a través de su cuenta de twitter que imputó cargos contra Jorge Enrique Gómez Urueta, por "prevaricato por acción" porque habría concedido irregularmente una tutela en un proceso de justicia transicional.
