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La juez 80 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá declaró legales las capturas de los cuatro detenidos tras los allanamientos que se adelantaron en las instalaciones del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), esta semana.
Por las presuntas irregularidades que se registraron en la contratación del espacio público, fueron detenidos Germán Orlando Corredor Aguilera, asesor de la Subdirección General de Infraestructura del IDU.
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También fue detenido Thomás Eduardo Pachón, contratista; Julio Cesar Montaño Forero, ingeniero civil e interventor de la obra y Marco José Mafioly Cantillo, también interventor.
La Dirección Anticorrupción de la Fiscalía busca determinar qué sucedió para que contratos que tenían un costo de 12 mil millones de pesos tuvieran un valor final de 17 mil millones de pesos; es decir, cinco mil millones de pesos más de lo que se había presupuestado.
El reporte oficial precisa que un grupo de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó un operativo en el octavo piso del edificio del IDU, ubicado en el centro de Bogotá, en donde revisó varios archivos de documentos sobre contratación.
La funcionaria judicial también legalizó los allanamientos, que se efectuaron en días pasados y revisó las supuestas pruebas que tiene la Fiscalía, sobre el aparente caso de corrupción en el IDU.
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La Fiscalía también avanza en la inspección de más de 30 contratos que se suscribieron en el periodo del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, en los que aparentemente estarían involucrados otros funcionarios.
A puerta cerrada se adelanta la imputación de cargos contra los cuatro capturados; al parecer por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, prevaricato, cohecho propio e impropio.
