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Por reparto, el juzgado 28 de conocimiento de Bogotá definirá si acepta o no la solicitud presentada por la Fiscalía General para archivarle la investigación al exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación y presión a testigos.
En contexto: Este es el documento con que Fiscalía pide punto final a proceso contra Uribe
En la diligencia judicial, el fiscal Gabriel Jaimes presentará sus argumentos para solicitar la preclusión de la investigación que se adelantó contra el exmandatario por los delitos de soborno y fraude en actuación penal.
En la tarde de este viernes el ente investigador radicó formalmente petición ante el Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao.
Tras conocerse la posición de la Fiscalía, el expresidente Álvaro Uribe Vélez trinó: gracias Dios por este paso positivo, mientras que el Centro Democrático indicó que confía en la inocencia de su jefe político.
Mientras que Jaime Granados, abogado del expresidente Uribe, celebró la decisión del ente acusador y se declaró listo para lo que sigue en el proceso
Por su parte, el senador Iván Cepeda, quien ya fue reconocido como víctima dentro de este proceso, anunció que denunciará penalmente al fiscal Gabriel Jaimes.
La historia del complejo y voluminoso proceso contra Álvaro Uribe Vélez se originó el 23 de febrero de 2012, cuando el expresidente denunció ante la Corte Suprema al senador Iván Cepeda por un supuesto 'cartel de falsos testigos' en su contra.
Esto después que Cepeda citará a un debate de control político al congresista del Centro Democrático por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
Sin embargo, el 16 de febrero de 2018 el caso tomó un giro importante puesto que la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigar a Cepeda y ordenó investigar a Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada, por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
Un año más tarde (octubre de 2019), Álvaro Uribe fue escuchado en indagatoria por la Corte Suprema y el 4 agosto de 2020 la Sala de Instrucción de ese mismo tribunal ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad, convirtiéndose en el primer expresidente de Colombia en estar bajo la figura de detención domiciliaria.
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No obstante, por cuenta de la renuncia de Álvaro Uribe al Senado y una maratónica audiencia, fue dejado en libertad luego de 67 días por una jueza de control de garantías.
Todo el expediente de más de 70 cuadernos, 22.000 interceptaciones telefónicas documentos bajo reserva y un listado de más de 40 testigos pasó al despacho del jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes por designación del fiscal General, Francisco Barbosa.
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