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Dentro del proceso se había advertido que a pesar que la niña denunció dichas agresiones en su contra pero su padre y abuela nunca evitaron que su tío continuara con los abusos, por lo que se determinó una clara violación a los derechos de los menores de edad.
En este caso el alto tribunal, consideró que si bien existieron solicitudes para que la justicia especial indígena procesara a este hombre, no se evidenciaron elementos que constituyan la protección de la menor, por lo que debe prevalecer este objetivo ante la justicia ordinaria.
“Se tuvo en cuenta la gravedad de la conducta y el hecho de que la integridad personal y libertad sexual son bienes jurídicos que deben ser protegidos, mucho más si se tiene en cuenta que en este caso se trata de salvaguardar intereses de superior jerarquía por tratarse de una menor de edad, cuyos derechos son reconocidos por todos los tratados internacionales a los cuales ha adherido el Estado colombiano”, afirmó el magistrado Pedro Alonso Sanabria, presidente del alto tribunal.
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