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Para el Consejo Seccional de la Judicatura de Santa Marta, los magistrados Carlos Milton Fonseca Lidueña y David Vanegas González, del Tribunal Superior de Santa Marta, habrían incurrido en "actos de corrupción" relacionados con el trámite de una tutela que favoreció en su momento, y dejó en libertad, al entonces alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez.
Entre los hechos que investiga la Judicatura está el hecho de que la esposa y la hermana del magistrado Carlos Milton Fonseca hubieran recibido seis contratos en la Alcaldía de Santa Marta, a través de la firma Fonseca & Fonseca SAS, simultáneo a la Alcaldía de Rafael Martínez.
En un auto con fecha de julio el magistrado de la Judicatura Camilo Montoya Reyes abrió investigación disciplinaria contra los magistrados Fonseca y Vanegas "por presuntos actos de corrupción realizados en el ejercicio de su cargo al resolver una acción de tutela de Rafael Alejandro Martínez contra el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta".
La Judicatura también le ha pedido a la Fiscalía que informe si investiga penalmente a los juristas y a la Procuraduría que remita los antecedentes disciplinarios. También pidió que se esclarezca si ellos han tenido vínculos laborales con la Alcaldía de Santa Marta o si las familiares suyas los tuvieron.
Cuál es el caso?
La decisión por la que se investiga a los magistrados es por haberle ordenado a un juez, el 10 de julio de 2019, que en un plazo de cinco días diera respuesta a una tutela que radicó el alcalde Rafael Martínez y con la que le tumbaron la medida de aseguramiento en su contra y ordenaron su libertad, en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción en la contratación de puestos de salud.
La mencionada tutela fue tumbada por la Corte Suprema de Justicia un mes después. La Judicatura cuestiona que la tutela fuera fallada por un juez que se había posesionado en encargo el 1 de julio de 2019, días antes de que presentaran la acción, sin contar con el suficiente tiempo para estudiar el voluminoso expediente que tenía otro magistrado al que le concedieron una licencia y, apartemente, con la modificación de los turnos "sin razón jurídica para ello".
La Judicatura abrió la investigación por un queja de dos veedores de Santa Marta que también pusieron en conocimiento los contratos de la esposa del magistrado Fonseca, Pubenza Plaza, y su hermana, María Fonseca, recibieran contratos por más de 200 millones de pesos empresas de servicios públicos de Santa Marta y de Transporte.
