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La FM conoció que el senador Richard Aguilar fue la persona que denunció presuntos hechos de corrupción que desencadenaron la captura de un funcionario de la Procuraduría General de la Nación que se desempeñaba hasta el pasado viernes 15 de enero, como sustanciador en el despacho del entonces jefe de ese organismo Fernando Carrillo.
El funcionario fue identificado como Jesús Alejandro Garzón Rincón, tras su captura por parte de agentes de policía judicial de la DIJIN, previa investigación de la Fiscalía General de la Nación.
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Según las investigaciones, al parecer el entonces sustanciador en ejercicio de su función y a través de dos personas, presuntamente exigió 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar con el fin de resolver a su favor un proceso disciplinario por el que, en primera instancia, fue sancionado cuando se desempeñó en otro cargo público en el año 2012.
La investigación está siendo coordinada por la Dirección Especializada contra la Corrupción desde el primer semestre del año 2020 la cual, a través de pruebas técnicas, interceptaciones de comunicaciones y otras labores de policía judicial, permitió recolectar toda una serie de elementos de prueba y evidencia física que demostrarían la probable actuación irregular del funcionario en los hechos ocurridos en diciembre de 2019.
Los fiscales establecieron que el funcionario capturado presuntamente vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría General.
En relación con este nuevo escándalo de corrupción, la Fiscalía también investiga a dos abogados que habrían participado en el ilícito de la exigencia económica, así como a una tercera abogada que sería la posible encargada de presentar dichas tutelas.
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De acuerdo con los registros judiciales y los análisis técnicos se presume que por lo menos desde junio de 2019 el funcionario estaría desarrollando la actividad delictiva en detrimento de la Procuraduria General.
El funcionario permanece detenido en los calabozos de la Policía Judicial Dijin y será presentado ante un juez de control de garantías del Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá para legalizar su captura, imputarle cargos y solicitar la respectiva medida de aseguramiento.
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