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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revisará el caso del exministro de Protección Social, Diego Palacio, a quien el juez de ejecución de penas no le concedió la libertad condicionada aplicando el mismo tratamiento que a los guerrilleros y militares que se acogieron a este componente judicial.
La Secretaría Ejecutiva de la JEP está analizando que el delito cometido por el exministro del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, es cohecho y no es de lesa humanidad.
De acuerdo con la norma, los guerrilleros y militares que se acogen a la Jurisdicción Especial para la Paz por haber cometido delitos de lesa humanidad y reciben la libertad condicionada tienen que haber cumplido mínimo 5 años de prisión en un centro carcelario; los demás serán conducidos a las zonas veredales o unidades militares respectivamente.
En el caso del exministro Diego Palacio, el tratamiento por el delito de cohecho podría ser diferente y así lo están considerando los asesores jurídicos de la JEP.
El argumento de Palacio se sustenta en que por la época en que se dio la ‘yidispolítica’, se presentaba una fuerte arremetida contra la guerrilla y “era necesario, por el bien del país, darle continuidad a la seguridad democrática”.
