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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió el sometimiento presentado por el general (r) Mauricio Santoyo. Ahora el otrora exjefe de seguridad de la Casa de Nariño deberá entregar un completo informe en el que reporte su colaboración y los principales temas sobre los cuales entregará información.
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El general (r) Santoyo regresó al país el 26 de abril de 2019 luego de cumplir una condena de nueve años de prisión en los Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de droga.
Tras su llegada al país fue detenido por la existencia de una orden de captura en su contra por su presunta participación en la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).
Santoyo fue vinculado a esta investigación por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General después de obtener información sobre su participación en seguimientos e interceptaciones ilegales contra sindicalistas, defensores de derechos humanos e integrantes de la Unión Patriótica cuando fungió como comandante del Gaula de la Policía de Medellín.
La Fiscalía General indicó que Quintero Mesa y Monsalve Pulgarín fueron víctimas de "una persecución sistemática por parte de las AUC, en asociación con agentes de Estado”, que se orquestó contra Asfaddes, algunos de cuyos familiares eran miembros de la Unión Patriótica (UP).
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La apertura del expediente estuvo acompañada además de las declaraciones de varios excomandantes paramilitares que señalaron ante ante Justicia y Paz que “para la época de dichas desapariciones el hoy General Santoyo Velasco prestaba colaboración a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá [con la] interceptación de llamadas para posterior seguimiento y vigilancia de personas”, indicando que Santoyo tuvo conocimiento de primera mano de los seguimientos a los integrantes de Asfaddes.
El general Santoyo también ha sido vinculado con las investigaciones por el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón Forero registrado el 13 de agosto de 1999. Igualmente tiene en su contra una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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