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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avaló el sometimiento del exsenador Álvaro García Romero, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión por su responsabilidad en la masacre de Macayepo (Bolívar), ejecutada por los paramilitares 14 de octubre de 2000 por orden de Rodrigo Mercado Pelufo, alias 'Cadena'.
García Romero, conocido con el sobrenombre de 'El Gordo', se comprometió ante este tribunal para la paz de contar toda la verdad sobre los vínculos entre políticos y grupos paramilitares en el norte del país.
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La Sala de Reconocimiento de la JEP avaló a García Romero como Agente de Estado no Integrante de la Fuerza Pública. El exsenador, en su acta de sometimiento, se ofreció a aportar verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria ante este tribunal.
García Romero, quien se encuentra privado de su libertad en la cárcel la Picota de Bogotá, aseguró que entregará detalles sobre la coformación del Bloque Montes de María de las Autodefensas, así como las reuniones de Ralito y Chibolo, claves para el apoyo al proyecto político de los paramilitares en el Congreso Así como el el contrato de la Guaripa que sirvió como financiación de la creación del nuevo grupo de las AUC; la muerte de Georgina Narváez y el vínculo existente con el exgobernador de Sucre, Salvador Arana.
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En 2010, el excongresista fue condenado a 40 años de prisión por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple, homicidio simple en calidad de determinador y desplazamiento forzado.
En dicha sentencia se advierte que tuvo una responabilidad directa en la masacre de un grupo de campesinos a quienes los paramilitares acusaron de tener vínculos con la guerrilla y del desplazamiento forzardo que se generó en la zona por el miedo y la zozobra.
El debate en la JEP
En la resolución que admitió su sometimiento se indica que el compromiso del exsenador oriundo de Sucre “ofrece una expectativa legítima de contribución a la reparación integral a las víctimas, el cual, podrá ser perfeccionado en tanto se surtan las distintas etapas ante la Jurisdicción Especial para la Paz y se promuevan los distintos escenarios dialécticos con participación de las víctimas”.
Para la Sala, el exsenador está en condición de entregar verdad frente a “los acuerdos que se dieron para apoyar candidaturas a diferentes cargos de elección popular; el nombramiento de miembros de las AUC en la administración pública; la operación de las Convivir en Sucre y los atentados contra funcionarios públicos”.
En el debate jurídico se indicó que los hechos a los que se comprometió a contribuir con la verdad ocurrieron con anterioridad a la fecha que enmarca la competencia temporal de la JEP y el periodo coincide con la época en la que García Romero fungió como Senador de la República.
En este sentido se tuvo en cuenta la misma sentencia que advierte que García Romero se valió de su condición de Senador para consolidar el proyecto de las AUC en el ámbito nacional. Se trata de un paramilitar que no participó en las hostilidades pero que desde su condición de Agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal.
Finalmente, para el despacho, el congresista obtuvo un favorecimiento electoral de las AUC y después, una vez alcanzó la curul respectiva, se convirtió en tributario del grupo, aprovechando su investidura en dirección a la subsistencia, promoción, auspicio y consolidación del proyecto paramilitar.
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