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Con ponencia del magistrado Ramiro Alonso Marín, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad provisional presentada por el exsenador Iván Moreno Rojas.
El alto tribunal determinó que el excongresista no cumple con los requisitos para que se le modifique la medida de aseguramiento privativa de la libertad que pesa en su contra desde marzo de 2017 en un segundo proceso por su responsabilidad en el ‘carrusel de la contratación’.
En su petición, el exsenador del Polo Democrático argumentó que en repetidas oportunidades la Corte Suprema le ha negado de manera injustificada su libertad, reseñando que en su contra existen varias medidas de aseguramiento, producto de procesos fraccionados que representan –en su concepto- una cadena perpetua, figura que está prohibida por la Constitución Política.
Para sustentar su petición, Moreno Rojas presentó los certificados de buena conducta por parte del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) en el Establecimiento Penitenciario de San Gil, así como su compromiso de asistir a las diligencias judiciales a los que es citado en calidad de procesado y de testigo.
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En el debate jurídico, la Corte indicó que en contra del exsenador existe una medida de aseguramiento vigente dentro del proceso que se le adelanta por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
“En tal virtud, la privación de la libertad que hoy padece Néstor Iván Moreno Rojas obedece al cumplimiento de una pena de prisión. Mientras ésta subsista, no es posible jurídicamente ejecutar la medida preventiva impuesta por estos hechos, la cual estará en suspenso hasta tanto Moreno Rojas cumpla la pena restrictiva de la libertad o acceda a algún mecanismo sustitutivo de esta”, precisa el fallo.
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Moreno Rojas se encuentra actualmente cumpliendo una sentencia de 14 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos por el ‘carrusel de la contratación’ que desangró a la capital de la República entre los años 2007 y 2009.
En el fallo emitido el 27 de octubre de 2014, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema señaló que el exsenador pidió millonarias comisiones a un grupo de contratistas, empresarios y particulares a cambio de beneficiarlos con la entrega de millonarios contratos viales en Bogotá.
Para esto formó una “red criminal” junto a su hermano, el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas –quien enfrenta dos procesos penales por estos hechos de corrupción- los empresarios Emilio Tapia y Julio Gómez –sentenciados tras aceptar cargos- y la exdirectora del IDU, Liliana Pardo.
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